Reclamo TTA

¿Le notificaron una liquidación o un giro y no sabe si conviene reclamar? Conversémoslo antes de que el plazo decida por usted. Llámenos al +56 2 3267 1946 o complete el formulario al pie. Primer contacto confidencial · secreto profesional.

1. Qué es el reclamo tributario y qué actos se pueden reclamar

El reclamo tributario —técnicamente, el Procedimiento General de Reclamaciones— es la vía judicial que el Código Tributario pone a disposición de toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés actual comprometido (art. 124), para discutir la pretensión del SII ante un juez que no pertenece al Servicio: el Tribunal Tributario y Aduanero, creado por la Ley 20.322. Esa independencia no es un detalle decorativo. Hasta la entrada en vigencia de esos tribunales, quien resolvía el reclamo era el propio Director Regional del SII; hoy su caso lo decide un tribunal letrado, especializado e imparcial.

Conforme al art. 124 del Código Tributario, son reclamables:

• La liquidación de impuestos: el acto con que el SII determina diferencias a pagar tras una fiscalización (la explicamos en detalle en qué hacer frente a una liquidación del SII).
• El giro: la orden de pago propiamente tal — reclamable de forma autónoma cuando no se conforma a la liquidación que le sirve de antecedente, o cuando no hubo liquidación previa.
• El pago, cuando no se conforma al giro.
• Las resoluciones que inciden en el pago de un impuesto o en los elementos que sirven de base para determinarlo, y las que deniegan peticiones de devolución (arts. 124 y 126).

No todo acto del SII es reclamable por esta vía: las circulares e instrucciones generales, por ejemplo, no lo son. Sí lo son, en cambio, resoluciones que el contribuyente no siempre asocia a un juicio: la que se pronuncia tras un término de giro o la que culmina una fiscalización por justificación de inversiones. Parte del trabajo profesional inicial consiste, justamente, en identificar qué acto reclamar y en qué momento, porque elegir mal la puerta de entrada puede dejarlo fuera del juicio.

Liquidación

Acto con que el SII determina diferencias de impuesto tras una fiscalización; fija la base, la tasa y los recargos, pero todavía no ordena pagar.

Giro

La orden de pago propiamente tal. Es el acto con que la deuda se hace exigible y puede pasar a cobranza de la Tesorería.

Tribunal Tributario y Aduanero (TTA)

Tribunal letrado, especializado e independiente del SII, creado por la Ley 20.322 para resolver los reclamos de los contribuyentes con reglas de debido proceso.

Sana crítica

Sistema de valoración de la prueba (art. 132) en que el juez pondera los antecedentes según la lógica, la experiencia y los conocimientos técnicos, fundando su decisión — no según tarifas legales rígidas.

El siguiente nudo es el que decide la mayoría de los casos: el plazo.

2. El plazo: 90 días fatales (y la ampliación a un año)

El reclamo debe interponerse en el término fatal de 90 días contados desde la notificación del acto (art. 124 inc. 3°). "Fatal" significa exactamente lo que parece: vencido el plazo, el derecho a reclamar se extingue, sin importar cuán buenas fueran sus razones de fondo. El TTA declarará inadmisible un reclamo tardío aunque el SII se haya equivocado.

Existe una ampliación que pocos contribuyentes conocen: el plazo se amplía a un año cuando, dentro de los primeros 90 días, usted paga la suma determinada por el Servicio conforme al art. 24 inc. 3° del Código. Es una decisión estratégica con dos caras: pagar detiene el crecimiento de reajustes e intereses y le compra tiempo para preparar un reclamo sólido pidiendo la devolución; pero exige liquidez y convicción en la defensa. Es de las primeras evaluaciones que hacemos con el cliente.

Si está leyendo esto con una liquidación notificada hace semanas y el calendario en la mano: respire. Lo primero no es redactar nada, sino fijar con precisión la fecha de notificación y contar los días hábiles que le quedan. Conversemos hoy y lo calculamos con usted.

Dos precisiones sobre el cómputo: los 90 días son de días hábiles (se descuentan los feriados conforme a las reglas procesales del Código), y la fecha que importa es la de la notificación válida — un terreno donde también se ganan casos, y al que dedicamos la sección siguiente.

Hecho el cálculo, queda decidir el orden de los recursos: ¿RAV primero o reclamo directo?

3. RAV primero o reclamo directo: el orden importa

Antes de judicializar, usted puede pedir al propio Servicio que reconsidere su acto mediante la Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) del art. 123 bis, e incluso por la vía de la RAF cuando existen vicios de procedimiento. No las desarrollamos aquí porque tienen página propia dedicada a los recursos administrativos RAV y RAF; lo que importa retener para la decisión estratégica es esto:

• La RAV se presenta dentro de 30 días hábiles administrativos desde la notificación.
• Desde la Ley 21.210, su presentación suspende el plazo de 90 días para reclamar ante el TTA mientras el Servicio la resuelve. Antes de esa reforma no era así — cuidado con consejos basados en la regla antigua.
• Si la RAV es rechazada (total o parcialmente) —o si el Servicio no la resuelve dentro de 90 días, caso en que se entiende rechazada por silencio negativo (art. 123 bis letra c)—, el plazo judicial se reanuda y usted conserva intacta la vía del reclamo.

En la práctica, la RAV bien fundada resuelve una parte de los casos sin juicio, a costo bajo — gestionarla es parte del trabajo cotidiano de nuestra área de representación ante las autoridades fiscales. Pero hay situaciones donde conviene reclamar directamente: cuando la posición del SII está consolidada en sus circulares (el Servicio difícilmente fallará contra su propia instrucción) y la discusión es de fondo, el tiempo de la RAV solo posterga lo inevitable.

Antes de hablar de etapas, hay una pregunta previa que define todo el calendario: ¿desde cuándo se cuenta el plazo?

4. La notificación: cuándo y cómo empieza a correr el plazo

Todo el reloj del reclamo depende de un hecho preciso: cuándo y cómo se le notificó el acto. El art. 11 del Código Tributario establece las formas válidas de notificación. La regla general es la notificación personal, por cédula o por carta certificada; y, si el contribuyente lo ha aceptado, la notificación por correo electrónico, que pasa a ser la forma de notificación para todos los efectos legales. En la notificación por carta certificada, los plazos comienzan a correr tres días después de su envío (art. 11); la electrónica se entiende practicada en la fecha de su envío certificada por un ministro de fe (art. 11 bis), incluso en días y horas inhábiles.

¿Por qué importa tanto el "cómo"? Porque de la fecha de notificación depende el primer día de los 90 hábiles, y porque una notificación mal practicada puede impugnarse:

• Carta certificada enviada a un domicilio que ya no era el del contribuyente.
• Notificación por correo electrónico a una casilla que el contribuyente no había aceptado para esos efectos.
• Defectos formales en la constancia de la diligencia.

Discutir la validez de la notificación no es un tecnicismo menor: si la notificación fue nula, el plazo no corrió, y un reclamo "tardío" en apariencia puede estar perfectamente en plazo. Por eso el primer dato que pedimos en cada caso es el acto notificado y la prueba de cómo y cuándo llegó.

Fijado el punto de partida, así se desarrolla el juicio.

5. Las etapas del juicio ante el TTA

Tenga presente que en las causas de cuantía igual o superior a 32 UTM la comparecencia requiere patrocinio de abogado (art. 129). Y aun bajo ese umbral, litigar contra el SII sin defensa técnica es enfrentar a un servicio público con departamentos jurídicos dedicados exclusivamente a esto.

¿Dónde se presenta? El reclamo se interpone ante el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio corresponde a la unidad del Servicio que emitió la liquidación, el giro o la resolución reclamada (art. 115) — que en la práctica suele coincidir con la región del domicilio del contribuyente. Cada región cuenta con su TTA, y la Región Metropolitana, cuatro, lo que acerca la justicia tributaria al contribuyente y evita centralizarlo todo en un solo tribunal.

¿Qué se pide concretamente? Un buen reclamo no se limita a "estar en desacuerdo". El escrito plantea peticiones precisas que el tribunal debe resolver: que se deje sin efecto total o parcialmente la liquidación, giro o resolución; que se declare la prescripción de las partidas que excedan los plazos del art. 200 (lo desarrollamos en prescripción de impuestos); que se anule el acto por vicios de procedimiento (por ejemplo, la omisión de una citación obligatoria); o que se rebaje la base imponible o la sanción a lo que la prueba acredite. Definir bien el petitorio —qué se pide y con qué fundamento— ordena toda la estrategia probatoria que viene después.

El siguiente nudo no es procesal sino material: la prueba.

6. La prueba: carga, medios e inadmisibilidad

Aquí se ganan y se pierden los reclamos. Conviene entender tres reglas que gobiernan la prueba tributaria.

Primero, quién debe probar. El art. 21 del Código Tributario pone la carga de la prueba sobre el contribuyente: es usted quien debe acreditar, con sus documentos y su contabilidad fidedigna, la verdad de sus declaraciones y la efectividad de las operaciones objetadas. El SII no tiene que demostrar que usted defraudó; usted tiene que demostrar que su declaración era correcta. Esa asimetría hace que la calidad y el orden de la contabilidad sean, muchas veces, decisivos — y que un cumplimiento tributario ordenado durante el año valga oro llegado el juicio.

Segundo, con qué se prueba. El juicio admite un abanico amplio de medios:

Tercero, la trampa de la inadmisibilidad. Hay una regla que sorprende a quienes llegan tarde a asesorarse: los antecedentes que el Servicio le pidió determinada y específicamente en la citación del art. 63 —cuando esa citación era trámite obligatorio— y que usted, teniéndolos, no acompañó íntegramente en esa etapa, pueden ser declarados inadmisibles como prueba en el juicio (art. 132). La ley deja a salvo al contribuyente que no los acompañó por causas que no le son imputables — por ejemplo, si pidió prórroga y no se la concedieron. Aun así, la prudencia profesional aconseja entregar en la fiscalización todo lo solicitado: lo que no se entregó a tiempo puede quedar fuera del proceso. La misma lógica aconseja responder con criterio profesional los requerimientos de información del SII desde el primer día. Por eso la defensa tributaria seria comienza durante la fiscalización, no después de la liquidación — y por eso insistimos tanto en responder bien la etapa de fiscalización.

Finalmente, el tribunal valora todo ese material conforme a las reglas de la sana crítica (art. 132): no según tarifas legales rígidas, sino ponderando la lógica, la experiencia y los conocimientos técnicos, y fundando su decisión. Eso premia la argumentación de calidad y castiga la improvisación.

Antes de llegar a sentencia, el proceso ofrece una salida intermedia que conviene conocer.

7. Conciliación: la salida intermedia del art. 132 bis

La Ley 21.210 potenció la conciliación como mecanismo de término del juicio: el tribunal puede llamar a las partes a conciliar sobre la existencia de los hechos gravados, la ponderación de la prueba, los vicios del acto y otros aspectos, y el acuerdo —que requiere la aceptación fundada del Director del SII, quien cuenta con 30 días para pronunciarse (art. 132 ter), además de la aprobación judicial— pone fin total o parcialmente al pleito. Para el contribuyente puede significar cerrar la contingencia con una rebaja relevante y sin los años de una tramitación completa con recursos. Evaluar si conviene conciliar, y en qué punto del juicio hacerlo —antes o después de rendir la prueba—, es una decisión caso a caso que depende de la fuerza de sus antecedentes: con prueba sólida ya rendida, se concilia desde una posición fuerte.

8. Medidas cautelares y suspensión del cobro

Una angustia frecuente: "si reclamo, ¿igual me cobran?". La respuesta tiene matices y conviene conocer las dos caras de las medidas en el juicio.

A su favor — la suspensión del cobro. Por regla del art. 24, las partidas reclamadas oportunamente no se giran de inmediato, sino en los momentos que la ley señala. Y respecto de cobros ya en marcha, el art. 147 permite solicitar al tribunal la suspensión total o parcial del cobro judicial por un plazo determinado. Es una herramienta que se pide, se fundamenta y se renueva —no opera sola— y que suele evaluarse según el riesgo de un cobro inmediato frente a la solidez del reclamo. Si la Tesorería ya inició la cobranza por la vía del juicio ejecutivo, o existen embargos trabados sobre sus bienes, esa arista exige una defensa propia, coordinada con el reclamo. Si su preocupación es una deuda ya girada con intereses creciendo, revise también nuestra página sobre condonación de multas e intereses.

En su contra — la cautelar del Servicio. El art. 137 faculta al SII para solicitar al tribunal, como medida cautelar, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados del contribuyente, cuando exista riesgo de que el cobro se torne ilusorio. Es una medida de aplicación excepcional, pero que conviene anticipar en patrimonios expuestos: forma parte de la lectura de riesgo que hacemos al inicio.

9. La sentencia y sus efectos

La sentencia del TTA resuelve el fondo: acoge o rechaza el reclamo, en todo o en parte. De su resultado dependen varias consecuencias prácticas:

• Partidas mantenidas: la parte del acto que el tribunal confirma queda en condiciones de girarse y cobrarse una vez firme o conforme a las reglas del art. 24.
• Partidas dejadas sin efecto: lo que el tribunal acoge se elimina de la pretensión fiscal. Si usted había pagado dentro de los 90 días para ampliar el plazo, procede la devolución de lo pagado en exceso, con los reajustes que correspondan.
• Costas: el tribunal se pronuncia sobre las costas del juicio según el resultado, pudiendo condenar a la parte vencida.
• Cosa juzgada: firme la sentencia, lo resuelto no puede volver a discutirse por la misma vía respecto del mismo acto y períodos.

Conviene tener una expectativa realista: en materia tributaria los resultados parciales son frecuentes —el tribunal acoge algunas partidas y mantiene otras—, y por eso la estrategia no es "todo o nada", sino maximizar lo defendible y acotar lo que no. Y si la deuda que queda firme compromete seriamente su capacidad de pago, existen herramientas de defensa de deudores y reorganización que conviene mirar a tiempo.

10. Apelación y casación: el juicio no termina en el TTA

La sentencia del TTA es apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días. En segunda instancia, la Corte revisa lo que fue objeto del recurso —los agravios concretos que cada parte plantea— y puede confirmar, revocar o modificar el fallo. El detalle de cómo se litiga esta segunda etapa está en nuestra página sobre los tribunales tributarios y las Cortes de alzada.

Contra la sentencia de segunda instancia proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema: la casación en la forma ataca vicios del procedimiento o de la sentencia; la casación en el fondo, la infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Son recursos de derecho estricto, con exigencias formales severas — territorio de especialista.

Un litigio tributario completo, con todas sus instancias, puede extenderse varios años. Ese dato pesa en la decisión inicial entre RAV, reclamo, conciliación o pago con reserva de reclamo, y es parte de la conversación franca que tenemos con cada cliente. El panorama completo de instancias y procedimientos especiales está en nuestra página de litigación tributaria.

11. El reclamo general frente a los otros procedimientos del TTA

El reclamo que esta página explica —el Procedimiento General de Reclamaciones— es la vía por excelencia para discutir liquidaciones, giros y resoluciones. Pero el TTA conoce también de procedimientos especiales que conviene conocer para no equivocar la puerta de entrada:

Identificar qué procedimiento corresponde a su caso es una de las primeras decisiones técnicas: por ejemplo, un acto arbitrario del Servicio que afecta su derecho a desarrollar una actividad económica puede pedir la vía del art. 155 (vulneración de derechos), con plazos y lógica distintos del reclamo general. Cada vía tiene su escrito, su plazo y su estrategia. Y si lo que el Servicio cuestiona es la arquitectura misma de sus operaciones por la vía antielusión del art. 160 bis, la mejor defensa comenzó al diseñarlas: de eso trata la planificación tributaria no elusiva.

12. Árbol de decisión: RAV, reclamo, pago o conciliación

La pregunta práctica que todo contribuyente se hace es "¿qué hago?". No hay una receta única, pero sí una lógica que ordena la decisión:

• Si el vicio es de procedimiento o el error es claro y corregible → conviene intentar primero la RAV (o la RAF si hay vicios formales): es gratuita, rápida y suspende el plazo de reclamo. Bajo costo, posible cierre temprano.
• Si la discusión es de fondo y el SII está atado a su propia circular → muchas veces conviene reclamar directamente ante el TTA: la RAV solo postergaría lo inevitable y el caso se decidirá por la prueba ante un tercero imparcial.
• Si los intereses crecen rápido y usted tiene liquidez → evaluar pagar dentro de los 90 días para frenar reajustes e intereses y, a la vez, ampliar a un año el plazo para reclamar pidiendo devolución. Combina defensa con control del riesgo financiero.
• Si la prueba es favorable pero el litigio completo es largo → mantener abierta la conciliación como salida: cerrar con una rebaja razonable puede valer más que una sentencia en tres años.

Dentro de esa lógica hay una pregunta previa que conviene responder con honestidad: ¿vale la pena reclamar? A mayor monto de la liquidación y mejor calidad de la prueba disponible, más sentido tiene asumir un juicio que se mide en años. Cuando el monto es acotado o la prueba es débil, muchas veces la vía razonable no es el TTA, sino la RAV, una condonación de multas e intereses o derechamente cerrar la contingencia. Esa proporción entre lo discutido y el costo en tiempo y gestión es parte central del estudio de viabilidad.

La decisión correcta suele ser una secuencia, no una sola jugada. Por eso el estudio de viabilidad inicial —dónde están sus fortalezas probatorias, cuánto está en juego, cuál es su tolerancia al tiempo y al riesgo— vale tanto como el escrito que se presenta después.

13. Dos ejemplos prácticos

Caso 1 — Facturas objetadas (IVA y renta). Una sociedad de servicios recibe una liquidación por $62 millones en diferencias de IVA y renta de tres períodos, originada en facturas de un proveedor que el SII objetó. La notificación llegó el 10 de marzo.

• Días 1-15: revisión del expediente de fiscalización. Se detecta que parte de los antecedentes que sustentan las operaciones (contratos, órdenes de compra, evidencia de pago bancarizado) sí existe y fue parcialmente acompañada en la respuesta a la citación.
• Día 20: se presenta RAV fundada en la efectividad material de las operaciones. El plazo de reclamo queda suspendido.
• Resultado administrativo: el SII acoge parcialmente (rebaja un período, del orden de $14 millones), mantiene el resto.
• Reclamo ante el TTA por la parte no acogida, dentro del plazo reanudado: se rinde prueba documental y pericial contable. En la audiencia de conciliación, con la prueba ya rendida y favorable, se cierra el juicio con una rebaja sustancial: en este ejemplo, la contingencia total queda acotada a un rango del orden de $12 a $18 millones — menos de un tercio de la pretensión original.

Las cifras son ilustrativas y cada caso depende de su propia prueba, pero el patrón es real: el orden de los movimientos definió el resultado tanto como el fondo del asunto. Un matiz adicional: cuando el SII objeta facturas de proveedores, conviene descartar temprano cualquier arista penal asociada a documentos no fidedignos, materia que tratamos en falsificación de instrumentos.

Caso 2 — Devolución denegada. Un contribuyente solicita la devolución de un remanente y el SII la deniega por resolución. La resolución denegatoria es reclamable (art. 124). Aquí la estrategia no pasa por la RAV ni por el pago, sino por acreditar el origen del remanente con la documentación contable y, si el monto lo justifica, un peritaje. Se reclama directamente, porque lo que se discute es la procedencia de la devolución, no una diferencia que el SII vaya a corregir administrativamente. El ejemplo muestra que no todos los casos siguen el mismo camino: el acto, la prueba disponible y el objetivo definen la vía.

14. Errores frecuentes

• Dejar pasar los 90 días confiando en "conversaciones" con el fiscalizador: el plazo fatal no se suspende por gestiones informales.
• No acompañar en la citación los antecedentes específicamente solicitados —cuando esa citación era trámite obligatorio—, arriesgando su inadmisibilidad como prueba en el juicio (art. 132), salvo que la omisión obedezca a causas no imputables, como una prórroga pedida y no concedida.
• Reclamar el acto equivocado (el giro cuando lo discutible era la liquidación, o viceversa) o equivocar el procedimiento (general cuando correspondía vulneración de derechos).
• Confundir la RAV con el reclamo: la primera la resuelve el SII; el segundo, un tribunal independiente. Estrategias y escritos son distintos.
• No revisar la validez de la notificación, dando por perdido un plazo que quizás nunca empezó a correr.
• Litigar sin contabilidad ordenada: con la carga de la prueba sobre el contribuyente (art. 21), el mejor argumento jurídico se cae sin respaldo documental coherente.

15. Honorarios y cómo trabajamos su reclamo

Cada reclamo comienza con un estudio de viabilidad: revisamos la liquidación o resolución, la validez de la notificación, el expediente de fiscalización y la prueba disponible, y le decimos con franqueza si conviene reclamar, conciliar o pagar — no todos los casos deben litigarse. Si avanzamos, el plan de trabajo y los honorarios quedan por escrito antes de iniciar, con etapas claras. Y cuando el juicio termina, muchos clientes nos piden continuidad preventiva: una revisión de cumplimiento tributario o una consultoría tributaria que evite la próxima contingencia — incluida la dimensión de tributación internacional cuando las operaciones cruzan fronteras.

Una aclaración que muchos clientes agradecen: contratar a un abogado tributario no significa prescindir de su contador. Al contrario: su contador conoce los números, la historia contable de la empresa y el detalle de las operaciones, y esa información es la materia prima de cualquier defensa en una fiscalización. Lo que el abogado tributario aporta es otra disciplina: discutir la validez jurídica del acto —vicios de procedimiento, prescripción, una citación omitida, la admisibilidad de la prueba— y litigar ante el TTA con las reglas y los tiempos de un juicio. Los mejores resultados que hemos visto nacen de contador y abogado trabajando coordinados desde el primer día: son roles complementarios, no sustitutos.

16. Preguntas frecuentes

¿Cuánto plazo tengo para reclamar contra una liquidación del SII?

90 días hábiles desde la notificación, plazo fatal (art. 124 del Código Tributario). Se amplía a 1 año únicamente si usted paga la suma determinada dentro de esos primeros 90 días, conforme al art. 24 inc. 3°.

¿Puedo presentar una RAV y después reclamar ante el TTA?

Sí. Desde la Ley 21.210, la presentación de la RAV suspende el plazo para reclamar mientras el Servicio la resuelve. Si la RAV es rechazada, usted conserva la vía judicial.

¿Necesito abogado para reclamar ante el TTA?

En causas de cuantía igual o superior a 32 UTM, el patrocinio de abogado es obligatorio (art. 129). Bajo ese monto puede comparecer personalmente, aunque enfrentará a la defensa especializada del SII.

¿El reclamo detiene el cobro del impuesto?

No automáticamente. Las partidas reclamadas oportunamente no se giran de inmediato (art. 24), y el tribunal puede ordenar la suspensión total o parcial del cobro judicial a petición fundada (art. 147).

¿Sobre quién recae la carga de la prueba?

Sobre el contribuyente (art. 21): es usted quien debe acreditar con su contabilidad y documentos la verdad de sus declaraciones y la efectividad de las operaciones objetadas.

¿Qué pasa si la notificación del SII fue defectuosa?

Si la notificación fue nula, el plazo no empezó a correr: un reclamo aparentemente tardío puede estar en plazo. Por eso revisamos siempre cómo y cuándo se le notificó (art. 11).

¿Qué pasa si pierdo el reclamo?

La sentencia del TTA es apelable ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días, y contra el fallo de segunda instancia proceden las casaciones ante la Corte Suprema. Además, durante el juicio existe la alternativa de conciliación (art. 132 bis).

¿Cuándo vale la pena reclamar y cuándo no?

Como criterio general: a mayor monto liquidado y mejor prueba disponible, más sentido tiene un juicio que puede durar años. En montos menores o con prueba débil, a veces conviene más una RAV bien fundada, una condonación de multas e intereses o cerrar la contingencia. El estudio de viabilidad responde exactamente esa pregunta antes de litigar.

¿Cuánto demora un juicio tributario?

La primera instancia suele tomar uno a dos años según la carga del tribunal y la complejidad probatoria; con apelación y casación, el total puede superar los tres. La conciliación puede abreviarlo significativamente.

¿Puedo reclamar solo una parte de la liquidación?

Sí. El reclamo puede dirigirse contra partidas determinadas y no contra toda la liquidación: se discute lo defendible y se paga o concilia el resto, acotando intereses y riesgo.

17. Conclusión: el plazo corre — su defensa también debería

Frente a una liquidación, giro o resolución del SII usted tiene un derecho concreto: que un tribunal independiente revise el caso. Pero ese derecho vive dentro de un plazo fatal, depende de una notificación válida y se construye con la prueba que usted aporta desde la fiscalización misma, porque sobre usted recae la carga de probar. Mientras antes se ordene la estrategia —revisar la notificación, elegir entre RAV, reclamo, conciliación o pago, y preparar la prueba—, más opciones reales tendrá sobre la mesa. Si quiere una opinión franca sobre su caso, conversemos hoy.

19. Equipo legal revisor

Redactada y revisada por Irene Lalangui · Abogada · Diplomada en Tributación · Magíster en Derecho Tributario, Universidad de Chile.
Revisado por Equipo Schneider Abogados · Departamento Tributario, área Litigación.
Actualizado: 12 de junio de 2026 (verificación de los arts. 11, 21, 24, 63, 123 bis, 124, 129, 132, 132 bis, 137, 147 y 155 del Código Tributario y de la Ley 20.322 contra BCN/leychile.cl).
Próxima revisión de cifras dinámicas: diciembre de 2026.
Fuentes legales: Código Tributario (DL 830) · Ley 20.322 · Ley 21.210.
Doctrina y jurisprudencia consultada: línea de la Corte Suprema sobre el procedimiento general de reclamaciones, la carga de la prueba y su valoración conforme a la sana crítica.
Sede: World Trade Center, Nueva Tajamar N° 481, Torre Norte, Of. 2102, Las Condes, Santiago de Chile.

21. Marco legal aplicable

• Código Tributario (DL 830) — arts. 11 y 11 bis (notificaciones), 21 (carga de la prueba), 24 (giros y pago), 63 (citación), 123 bis (RAV), 123-148 (Procedimiento General de Reclamaciones), 129 (comparecencia), 132 (prueba y sana crítica), 132 bis (conciliación), 137 (medida cautelar), 147 (suspensión del cobro), 155 (vulneración de derechos), 160 bis (abuso o simulación), 161 (sanciones).
• Ley 20.322 — fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera (crea los Tribunales Tributarios y Aduaneros).
• Ley 21.039 (2017) — perfecciona la justicia tributaria y aduanera; introduce la conciliación en el procedimiento general de reclamaciones (art. 132 bis).
• Ley 21.210 — moderniza la legislación tributaria: RAV suspensiva, potenciamiento de la conciliación y notificación electrónica.