El cuidado personal es uno de los temas más sensibles dentro del juicio de familia, ya que determina quién será responsable del cuidado cotidiano de un niño, niña o adolescente (residencia, rutinas, supervisión, salud, educación y decisiones diarias). Existen dos modalidades, como el cuidado personal ejercido por una sola persona y el cuidado personal compartido. En cualquiera de estos casos, es fundamental contar con un abogado especialista en derecho de familia o un abogado familiar que pueda guiar el proceso, especialmente cuando existen desacuerdos o situaciones de riesgo, ya que el tribunal resuelve según el interés superior del niño y los antecedentes concretos del caso.

Muchas familias recurren a un mediador familiar para resolver conflictos iniciales, ya que la mediación familiar es un requisito previo en la mayoría de los casos antes de presentar una demanda de cuidado personal (salvo excepciones, por ejemplo, cuando hay urgencia, riesgo o violencia intrafamiliar, donde puede corresponder pedir medidas inmediatas provisorias). También se aplican mediaciones cuando se necesita fijar un régimen comunicacional, es decir, la forma en que el padre o madre no conviviente mantiene contacto con el hijo (días, horarios, modalidad, vacaciones, y reglas especiales si hay distancia, conflictos o incumplimientos).

En situaciones más complejas, como cuando existe violencia intrafamiliar, el tribunal puede determinar medidas protectoras y cautelares para resguardar a la víctima y al niño, niña o adolescente, como prohibición de acercamiento u otras medidas de protección según la gravedad del caso. En contextos de alta conflictividad, también puede solicitarse la intervención de un curador ad litem (cuando se requiere una representación especial para resguardar el interés de un niño, niña o adolescente en casos puntuales) o medidas vinculadas a curaduría cuando están en juego derechos de una persona vulnerable (esto se analiza caso a caso y no es automático).

Además de definir quién tendrá el cuidado personal, el tribunal puede intervenir en temas como patria potestad y suspensión patria potestad (materias excepcionales que requieren fundamento serio y prueba, y que no siempre se discuten en todo conflicto parental). También es frecuente que, paralelamente, existan procesos asociados a ruptura matrimonial, divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral o divorcio culposo; sin embargo, es importante saber que las materias de hijos (cuidado personal y relación con el progenitor no conviviente) pueden regularse aunque no exista divorcio, porque el foco es proteger al niño, niña o adolescente.

Contar con abogados expertos en familia, abogados de casos de familia o abogados de familia reconocidos permite asegurar una estrategia legal sólida, especialmente cuando existen diferencias sobre lo que es mejor para el menor de edad. Si buscas asesoría, una consulta de abogado de familia puede ayudarte a entender tus derechos y las posibilidades reales en cada caso (qué prueba sirve, qué criterios mira el tribunal, y qué medidas se pueden pedir si hay riesgo o incumplimientos).

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más delicados que atienden los abogados de familia, ya que afecta directamente la seguridad física y psicológica de víctimas y menores de edad. Cuando una persona enfrenta esta situación, lo primero es obtener apoyo legal inmediato de un abogado intrafamiliar o un abogado de violencia doméstica, quienes pueden iniciar acciones urgentes como una orden de protección, una prohibición de acercamiento y la solicitud de medidas cautelares en materia de familia. (En Chile, lo urgente es pedir medidas de resguardo para cortar el riesgo: por ejemplo, prohibición de acercamiento, salida del agresor del hogar u otras medidas de protección, según el caso y el nivel de peligro.

Muchas víctimas no saben cómo actuar y buscan información como “denuncia VIF”, “abogados de casos familiares” o “abogados de casos de familia”, tratando de encontrar una solución rápida. Un equipo de abogados de familia reconocidos puede acompañar todo el proceso, desde la denuncia hasta las medidas judiciales de resguardo. (Importante: la “denuncia VIF” puede hacerse en diversas vías y lo relevante es activar protección y dejar registro, especialmente si hay amenazas, lesiones o riesgo para niños, niñas y adolescentes.

En casos donde hay menores de edad involucrados, pueden presentarse acciones sobre cuidado personal, régimen comunicacional, autorización para salir del país, o designación de curador ad ítem si existen riesgos. (Precisión Chile: “régimen comunicacional” se usa mucho en lenguaje común, pero jurídicamente hablamos de “relación directa y regular”; y el curador/representación especial suele evaluarse cuando el tribunal estima necesario resguardar el interés del niño/a, especialmente si hay conflicto de intereses o riesgo.

También es frecuente que la violencia tenga relación con conflictos económicos, como una demanda por no pago de pensión, cumplimiento de alimentos, o procesos de pensión alimenticia. (Aclaración clave: en materia de alimentos, lo típico no es “otra demanda” por el no pago, sino gestiones de cumplimiento/cobro y solicitud de medidas por incumplimiento; lo importante es activar el pago efectivo y evitar que la deuda siga creciendo.

Si la víctima atraviesa un proceso de separación, puede requerir un divorcio unilateral o un divorcio culposo por violencia intrafamiliar, donde los antecedentes de agresión influyen directamente en el juicio. De ser necesario, también se puede solicitar compensación económica y otras medidas que garanticen estabilidad financiera. La compensación económica no es automática; debe pedirse y probarse dentro del juicio de divorcio cuando, por dedicación al hogar y/o hijos, uno de los cónyuges quedó en desmedro económico por el matrimonio y su término.

En todos estos casos, busca siempre apoyo profesional. La ley contempla herramientas concretas para proteger tu integridad y la de tu familia, y un abogado especialista en derecho de familia te ayudará a utilizarlas de manera efectiva.

El proceso de ruptura matrimonial puede convertirse en una experiencia compleja emocional y legalmente, por lo que contar con un abogado de familia o un abogado experto en familia facilita la toma de decisiones informadas. Existen distintos tipos de divorcio: divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral por cese de convivencia y divorcio culposo. Cada uno tiene requisitos específicos y consecuencias legales, por lo que es importante elegir la vía adecuada. (En Chile: el divorcio de mutuo acuerdo exige acreditar al menos 1 año de cese de convivencia; el divorcio unilateral exige al menos 3 años de cese de convivencia; y el divorcio culposo no depende de plazos, sino de acreditar una causal grave con prueba suficiente).

El divorcio culposo aplica cuando uno de los cónyuges incurre en conductas graves como infidelidad, abandono o violencia intrafamiliar. En estos casos, un abogado de violencia intrafamiliar puede intervenir y presentar pruebas para acreditar las causales de divorcio culposo. En Chile se debe acreditar un incumplimiento grave de los deberes matrimoniales o conductas que hagan intolerable la vida en común; por eso la prueba —testigos, documentos, causas VIF, etc.— y la estrategia jurídica son determinantes.

Cuando la ruptura genera desequilibrio económico, también es posible solicitar compensación económica por divorcio, si uno de los cónyuges se dedicó mayormente al cuidado de los hijos y del hogar en común. La compensación económica procede cuando, por dedicación al hogar y/o a los hijos, uno de los cónyuges no pudo desarrollar actividad remunerada o lo hizo en menor medida, quedando en desmedro económico a causa del matrimonio y su término; debe pedirse y probarse dentro del juicio de divorcio.

Además del divorcio, suelen tramitarse temas como liquidación de bienes, liquidación sociedad conyugal, declaración de bien familiar, patria potestad, suspensión patria potestad, acuerdos de régimen comunicacional y determinación del cuidado personal del hijo o hija menor de edad. El término legal para “régimen comunicacional” es “relación directa y regular”; y no todos estos asuntos se discuten automáticamente en todo divorcio: depende del régimen patrimonial, de si hay hijos, y de si existen conflictos específicos.

En situaciones más complejas se puede requerir un curador ad ítem cuando existen personas incapaces de ejercer plenamente sus derechos. (En materia de familia, es habitual que el tribunal nombre representación especial/curador para resguardar intereses de niños, niñas y adolescentes cuando exista conflicto de intereses o necesidad de protección adicional; no es un trámite estándar, se evalúa caso a caso.

Muchos usuarios buscan en internet “busco abogado de familia”, “consulta abogado de familia”, o “necesito un abogado de familia” para resolver dudas. Contar con profesionales calificados permite enfrentar de manera más clara procesos como la mediación de conflictos familiares, la mediación familiar, la coordinación de mediaciones y la solicitud de medidas cautelares en familia, especialmente en casos donde existan riesgos. En Chile, la mediación familiar suele ser obligatoria en materias como alimentos, relación directa y regular y cuidado personal; el divorcio se tramita judicialmente, y lo que suele acordarse o regularse previamente son materias relativas a los hijos cuando corresponde.

Un abogado experto en familia asegura que el divorcio sea manejado con respeto, equilibrio y protección para todas las partes involucradas, especialmente cuando hay hijos menores de edad.

La pensión alimenticia es uno de los temas más consultados en el juicio de familia, especialmente cuando los padres necesitan claridad sobre cómo calcular la pensión de alimentos, cuánto es el porcentaje de pensión alimenticia o si corresponde solicitar un aumento de alimentos, rebaja de alimentos o el cese de la pensión alimenticia. Para responder a estas dudas, el apoyo de un abogado especialista en derecho de familia o un abogado de pensión de alimentos es fundamental para asegurar que lo resuelto sea acorde a la ley y al interés superior del niño, niña o adolescente.

Muchas personas buscan en internet “A cuánto está la pensión de alimentos”, “cómo saber cuánto debo de pensión de alimentos” o “calculadoras de pensión de alimentos”. Aunque estas herramientas pueden servir como referencia, lo correcto es realizar un cálculo de pensión de alimentos con respaldo profesional, porque el tribunal no aplica una “tabla única” ni un porcentaje fijo: evalúa necesidades del alimentario (salud, educación, vivienda, alimentación, actividades) y capacidad económica real del alimentante. Además, la ley contempla mínimos legales cuando se trata de niños, niñas y adolescentes: 40% del ingreso mínimo para un hijo y 30% por cada hijo si son dos o más, salvo que el alimentante acredite falta de medios.

Un abogado familiar también puede representar en una demanda de alimentos, en una demanda de cuidado personal, o en gestiones de cumplimiento por no pago de pensión cuando existen atrasos. En caso de incumplimiento, el tribunal puede decretar apremios por deuda de alimentos (por ejemplo, retenciones y otras medidas de presión legales), buscando asegurar el pago efectivo y oportuno.

Existen casos en que es posible solicitar el cese de alimentos, pero esto no opera “automáticamente”: debe pedirse y acreditarse ante el tribunal. En Chile, como regla general, los hijos tienen derecho a alimentos hasta los 21 años; si están estudiando una profesión u oficio, el derecho puede extenderse hasta los 28 años; y también puede mantenerse si existe incapacidad que impida subsistir por sí mismos, o si el juez lo estima indispensable según el caso. En ese contexto, puede solicitarse el cese de alimentos con deuda previa mediación familiar, pero ello no elimina las pensiones ya devengadas: la deuda se mantiene y puede cobrarse por las vías de cumplimiento.

También puede ser necesario un abogado para juicio de alimentos cuando existen conflictos severos, especialmente si se requiere regular régimen comunicacional, cuidado personal unilateral, cuidado personal compartido o revisar situaciones de riesgo asociadas a violencia intrafamiliar y solicitar una orden de protección cuando corresponda.

Si necesitas orientación, la opción más segura es contactar abogados de familia reconocidos, que garanticen acompañamiento legal completo y claridad en los trámites vinculados a alimentos, modificaciones y cumplimiento.

Ciberseguridad en Chile 2025: claves legales, riesgos y estrategias para empresas

En 2024, las redes informáticas chilenas registraron 27.600 millones de intentos de ciberataque, lo que representa un incremento del 360 % respecto al año anterior. Este ritmo equivale a 76 ataques por segundo, impulsados por el uso masivo de bots automatizados e inteligencia artificial ofensiva. En abril de 2025, el CSIRT Nacional emitió la alerta CND25‑00134 tras la irrupción del ransomware VanHelsing, un software malicioso que cifra los archivos de las víctimas y exige rescate en criptomonedas para su liberación. Paralelamente, continuaban las campañas masivas de phishing y smishing (fraude por correo y SMS), afectando a miles de usuarios en el país.

Voto obligatorio 2025: derechos laborales y obligaciones de las empresas

El año 2025 marcará un hito en la historia electoral chilena: por primera vez desde 2012, el país enfrentará un ciclo completo con sufragio obligatorio y un padrón superior a 15 millones de personas. Además de escoger al próximo Presidente o Presidenta de la República, la ciudadanía renovará íntegramente la Cámara de Diputadas y Diputados y elegirá 23 senadores en siete regiones. La magnitud del proceso implica desafíos logísticos y legales para cada organización que cuente con personal ese día, desde hospitales y data-centers hasta pymes de logística.

Chile actualiza su privacidad: Ley de protección de datos personales

La norma chilena que rige la vida privada –Ley 19.628, de 1999– fue concebida antes de la era de la nube y las redes sociales. Hoy, con más de la mitad de las empresas reportando incidentes de ciberseguridad y la presión por cumplir estándares internacionales como el RGPD, Chile da un paso clave: el Congreso ha aprobado la Ley 21.719, modernizando la regulación y creando una autoridad dedicada a supervisar el tratamiento de datos personales.

Esta reforma no es solo una actualización menor: establece multas de hasta CLP $1.300 millones, obliga a reportar filtraciones en plazos estrictos y define reglas claras para transferencias internacionales de datos. Además, otorga a la ciudadanía nuevos derechos y un ente regulador accesible sin necesidad de acudir a tribunales civiles.

Ludopatía como causal de divorcio en Chile: proyecto de ley y sus implicancias

En Chile, la Constitución Política establece en su artículo 1° que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad" y resalta el deber del Estado de protegerla y fortalecerla. Este mandato ha impulsado debates sobre la necesidad de actualizar las leyes que afectan la vida familiar, especialmente en temas de matrimonio y divorcio, ante fenómenos sociales emergentes como la adicción al juego.

El 8 de julio de 2024 ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados la moción Boletín 16.968-18, que propone agregar la ludopatía como causal de divorcio en el artículo 54 de la Ley 19.947. Este proyecto busca reconocer el impacto devastador que la ludopatía puede tener en la convivencia matrimonial. Actualmente está en primer trámite constitucional, en la Comisión de Familia, donde expertos han compartido sus perspectivas para enriquecer el debate.

Reconocimiento de la Convivencia de Hecho en Chile: Avances Legislativos y Perspectiva de Género

La creciente diversidad de las familias en Chile exige un marco legal que proteja a quienes deciden convivir sin casarse ni celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC). Este artículo explora la propuesta parlamentaria contenida en el Boletín 16.965-34, cuyo objetivo es otorgar a estas parejas derechos patrimoniales, previsionales y sucesorios equivalentes al matrimonio. En un contexto donde solo tres de cada diez parejas están casadas y una de cada cinco convive informalmente, esta reforma aborda una urgente brecha legal y social.

Registro de Deuda Consolidada en Chile: Todo lo que Necesitas Saber

En la actualidad, la información financiera y crediticia es esencial para la toma de decisiones tanto por parte de las instituciones financieras como de las personas. La creación de un Registro Oficial de Deuda Consolidada surge como una necesidad para mejorar la transparencia, eficiencia y equidad en el sistema de evaluación crediticia en Chile. Esta nueva ley busca establecer un marco legal y operativo claro, protegiendo los derechos de los deudores y fortaleciendo la supervisión del mercado financiero.