Cuando un niño, niña o adolescente necesita viajar al extranjero, la autorización de viaje o autorización para salir del país se vuelve un trámite esencial. Muchas familias recurren a un permiso notarial para salir del país, pero hay situaciones donde se requiere la intervención de un tribunal, especialmente si uno de los padres no otorga el consentimiento. En estos casos, es clave contar con un abogado familiar o un abogado especialista en derecho de familia para evitar rechazos, demoras o conflictos posteriores.

Si existe conflicto, se debe acudir a un juicio de familia solicitando la autorización judicial, explicando el motivo del viaje y acompañando antecedentes claros: destino, fechas, duración, alojamiento, pasajes y medidas de seguridad. El tribunal revisa la seguridad del menor, el propósito del viaje, el tiempo de estadía y el respeto al régimen comunicacional vigente, de modo que la salida no afecte injustificadamente el vínculo con el otro progenitor. También puede ponderar circunstancias del caso, como la existencia de deuda en el pago de alimentos u otras condiciones que incidan en la autorización, sin que ello signifique automáticamente que el viaje será rechazado: se evalúa el contexto completo y el interés superior del niño.

La necesidad de permisos surge frecuentemente después de una ruptura matrimonial, un divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral, nulidad matrimonial o conflictos asociados a patria potestad o suspensión de la patria potestad. En estos escenarios, los acuerdos previos deben respetarse y, si se requiere modificar condiciones existentes, conviene hacerlo con respaldo legal para evitar incumplimientos y nuevos litigios.

Cuando uno de los padres se niega injustificadamente a autorizar el viaje, un abogado experto en familia puede presentar la solicitud ante el tribunal y demostrar que el viaje es beneficioso, temporal y que no pone en riesgo la relación del niño con el otro progenitor. En situaciones excepcionales, el tribunal puede considerar medidas de resguardo adicionales y, si lo estima necesario para proteger el interés del niño, puede evaluar la designación de un curador ad ítem en contextos específicos, pero no es un trámite automático ni la regla general del procedimiento.

Este tipo de trámites también aparece vinculado a otros procesos familiares, como demanda de alimentos, cumplimiento de alimentos, demanda por no pago de pensión, régimen comunicacional, o medidas de protección como orden de protección y prohibición de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar. Por eso, para evitar dificultades, es fundamental asesorarse con abogados de familia reconocidos, quienes aseguran un proceso rápido, seguro y ajustado a la ley.

La mediación familiar es un mecanismo que ayuda a resolver conflictos del derecho de familia mediante acuerdos, evitando en muchos casos un juicio de familia. En Chile, la mediación familiar previa suele ser obligatoria en materias como pensión alimenticia, régimen comunicacional y cuidado personal, con excepciones cuando existe urgencia, riesgo o antecedentes relevantes de violencia intrafamiliar. Por eso, es común que las personas busquen “pedir hora mediación” y consulten con abogados de mediación familiar para preparar el proceso y llegar con una propuesta viable.

En materia de alimentos, la mediación puede abordar solicitudes de aumento de alimentos, rebaja de alimentos y acuerdos vinculados a cómo calcular la pensión de alimentos o el cálculo de pensión de alimentos. Muchas personas usan “calculadoras de pensión de alimentos” como referencia, pero lo recomendable es asistir con un abogado de pensión de alimentos, porque en Chile no existe un “porcentaje único” aplicable a todos los casos: el monto se define considerando las necesidades del niño, niña o adolescente y la capacidad económica real del alimentante. En la práctica, la mediación familiar permite acordar montos, forma de pago, reajustes y reglas claras para reducir conflictos y evitar incumplimientos.

Respecto de los hijos, la mediación familiar también se utiliza para regular régimen comunicacional y cuidado personal, fijando condiciones concretas sobre días, horarios, vacaciones, comunicación a distancia y reglas ante incumplimientos. Un acuerdo bien redactado evita interpretaciones, disminuye la conflictividad y facilita el cumplimiento. Cuando hay niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o un conflicto de alta intensidad, puede ser necesario reforzar resguardos y dejar constancia clara de las medidas acordadas, siempre priorizando el interés superior del niño.

Cuando existen situaciones graves como violencia intrafamiliar, un divorcio culposo por violencia intrafamiliar o la necesidad de una orden de protección, la mediación puede no ser procedente o puede resultar desaconsejable, ya que puede existir asimetría de poder o riesgo de revictimización. En esos escenarios, lo urgente es solicitar medidas de resguardo y obtener asesoría inmediata de un abogado intrafamiliar o un abogado de violencia doméstica, para proteger a la víctima y a los niños, niñas y adolescentes, y definir la estrategia legal adecuada.

En definitiva, la mediación familiar busca acuerdos claros, duraderos y centrados en el bienestar de los hijos. Prepararse con abogados de familia desde el inicio aumenta significativamente las probabilidades de éxito: conviene llegar con antecedentes básicos de ingresos y gastos, una propuesta de calendario para el régimen comunicacional y una propuesta realista de cuidado personal, de modo que el acuerdo sea sólido, ejecutable y útil para la vida cotidiana.

La compensación económica es un derecho que protege a quien, durante el matrimonio, se dedicó principalmente al hogar, crianza o actividades no remuneradas, lo que pudo generar un desmedro económico al momento de la ruptura. Tras la ruptura matrimonial, es común solicitar asesoría con un abogado de familia, abogado familiar, o abogados expertos en familia, quienes orientan sobre si corresponde pedir esta prestación y cómo acreditarla correctamente en un juicio de familia.

La compensación económica puede solicitarse en un divorcio de común acuerdo (divorcio de mutuo acuerdo), divorcio unilateral, y divorcio culposo (divorcio por culpa), o incluso en una nulidad matrimonial. En cualquiera de estos escenarios, el tribunal analiza el caso concreto y la prueba rendida, considerando elementos como la duración del matrimonio, el nivel de ingresos, los sacrificios económicos y la proyección laboral del cónyuge solicitante, evitando que la compensación se transforme en una fórmula automática o meramente declarativa.

Quienes buscan orientación suelen consultar cómo se calcula la compensación económica, compensación económica de divorcio o compensaciones económicas por divorcio, ya que cada situación es distinta y depende de los antecedentes que se logren acreditar. Por eso, es recomendable presentar la solicitud con abogados de casos familiares o abogados de familia reconocidos, quienes pueden estimar escenarios realistas y diseñar una estrategia probatoria sólida, coherente con los criterios que utiliza el tribunal para evaluar el desmedro y su alcance.

Además, la compensación económica se relaciona con temas como liquidación de bienes, liquidación sociedad conyugal y determinación de derechos patrimoniales. Estos procesos suelen convivir con otras solicitudes, como cuidado personal, régimen comunicacional, pensión alimenticia, demanda de alimentos, o situaciones donde exista violencia intrafamiliar, por lo que es importante ordenar el caso de forma integral para evitar contradicciones y asegurar resoluciones compatibles entre sí.

Quienes requieren apoyo frecuentemente buscan asesoría legal divorcio, asesoría legal familiar, o recurren a un abogado especialista en derecho de familia para evitar errores que puedan afectar el monto final o la forma de cumplimiento. Una consulta al abogado de familia suele ser el primer paso para entender qué documentos reunir, qué pruebas presentar y qué resultados esperar, ya que la compensación económica es un derecho real y exigible cuando se solicita y fundamenta de manera adecuada y profesional.

La violencia intrafamiliar es uno de los conflictos más graves que se presentan en el derecho de familia, ya que afecta no solo a la víctima directa, sino también a hijos e integrantes del núcleo familiar. Ante cualquier episodio, es fundamental buscar apoyo inmediato de un abogado intrafamiliar, un abogado de violencia doméstica o un abogado especialista en derecho de familia, quienes pueden orientar sobre las medidas urgentes que se deben solicitar ante el tribunal.

Entre las primeras acciones legales se encuentran la orden de protección y la prohibición de acercamiento, las cuales buscan evitar nuevos episodios de agresión y resguardar a la víctima y al grupo familiar. Cuando la situación pone en riesgo a niños, adolescentes o a una persona especialmente vulnerable, el tribunal puede evaluar la necesidad de medidas reforzadas de protección y, en casos específicos, la designación de un curador ad litem para resguardar derechos dentro del proceso correspondiente.

Los casos de violencia suelen cruzarse con otros procesos como ruptura matrimonial, divorcio unilateral, divorcio por culpa y compensación económica, divorcio culposo o divorcio culposo por violencia intrafamiliar. En estas situaciones, el rol de abogados expertos en familia es clave para construir una estrategia probatoria seria, acompañar a la víctima en las gestiones judiciales necesarias y solicitar medidas efectivas que aseguren protección real.

La violencia también impacta temas de cuidado personal, régimen comunicacional, cuidado personal unilateral y suspensión patria potestad, porque el tribunal debe analizar si el agresor representa un riesgo para el niño, niña o adolescente y, en su caso, regular la relación de forma segura (por ejemplo, con restricciones, supervisión o condiciones especiales). Del mismo modo, en procesos de pensión alimenticia, cumplimiento de alimentos, demanda de alimentos, demanda por no pago de pensión o apremios por deuda de alimentos, los antecedentes de violencia pueden ser relevantes para definir medidas cautelares y resguardos, sin que ello elimine obligaciones alimentarias por sí solo.

Muchas personas comienzan buscando orientación mediante una consulta de abogado de familia porque escriben “necesito un abogado de familia” o “busco abogado de familia”. En estos casos, lo central es actuar rápido, priorizar la seguridad, pedir las medidas de protección adecuadas y ordenar el caso con asesoría legal clara y estratégica. La prioridad siempre será proteger a la víctima y garantizar un entorno seguro para los hijos.

Cuando un niño, niña o adolescente necesita viajar al extranjero, la autorización de viaje o autorización para salir del país se vuelve un trámite esencial. Muchas familias recurren a un permiso notarial para salir del país, pero hay situaciones donde se requiere la intervención de un tribunal, especialmente si uno de los padres no otorga el consentimiento. En estos casos, es clave contar con un abogado familiar o un abogado especialista en derecho de familia para evitar rechazos, demoras o conflictos posteriores.

Si existe conflicto, se debe acudir a un juicio de familia solicitando la autorización judicial, explicando el motivo del viaje y acompañando antecedentes claros: destino, fechas, duración, alojamiento, pasajes y medidas de seguridad. El tribunal revisa la seguridad del menor, el propósito del viaje, el tiempo de estadía y el respeto al régimen comunicacional vigente, de modo que la salida no afecte injustificadamente el vínculo con el otro progenitor. También puede ponderar circunstancias del caso, como la existencia de deuda en el pago de alimentos u otras condiciones que incidan en la autorización, sin que ello signifique automáticamente que el viaje será rechazado: se evalúa el contexto completo y el interés superior del niño.

La necesidad de permisos surge frecuentemente después de una ruptura matrimonial, un divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral, nulidad matrimonial o conflictos asociados a patria potestad o suspensión de la patria potestad. En estos escenarios, los acuerdos previos deben respetarse y, si se requiere modificar condiciones existentes, conviene hacerlo con respaldo legal para evitar incumplimientos y nuevos litigios.

Cuando uno de los padres se niega injustificadamente a autorizar el viaje, un abogado experto en familia puede presentar la solicitud ante el tribunal y demostrar que el viaje es beneficioso, temporal y que no pone en riesgo la relación del niño con el otro progenitor. En situaciones excepcionales, el tribunal puede considerar medidas de resguardo adicionales y, si lo estima necesario para proteger el interés del niño, puede evaluar la designación de un curador ad ítem en contextos específicos, pero no es un trámite automático ni la regla general del procedimiento.

Este tipo de trámites también aparece vinculado a otros procesos familiares, como demanda de alimentos, cumplimiento de alimentos, demanda por no pago de pensión, régimen comunicacional, o medidas de protección como orden de protección y prohibición de acercamiento en casos de violencia intrafamiliar. Por eso, para evitar dificultades, es fundamental asesorarse con abogados de familia reconocidos, quienes aseguran un proceso rápido, seguro y ajustado a la ley.

El cuidado personal es uno de los temas más sensibles dentro del juicio de familia, ya que determina quién será responsable del cuidado cotidiano de un niño, niña o adolescente (residencia, rutinas, supervisión, salud, educación y decisiones diarias). Existen dos modalidades, como el cuidado personal ejercido por una sola persona y el cuidado personal compartido. En cualquiera de estos casos, es fundamental contar con un abogado especialista en derecho de familia o un abogado familiar que pueda guiar el proceso, especialmente cuando existen desacuerdos o situaciones de riesgo, ya que el tribunal resuelve según el interés superior del niño y los antecedentes concretos del caso.

Muchas familias recurren a un mediador familiar para resolver conflictos iniciales, ya que la mediación familiar es un requisito previo en la mayoría de los casos antes de presentar una demanda de cuidado personal (salvo excepciones, por ejemplo, cuando hay urgencia, riesgo o violencia intrafamiliar, donde puede corresponder pedir medidas inmediatas provisorias). También se aplican mediaciones cuando se necesita fijar un régimen comunicacional, es decir, la forma en que el padre o madre no conviviente mantiene contacto con el hijo (días, horarios, modalidad, vacaciones, y reglas especiales si hay distancia, conflictos o incumplimientos).

En situaciones más complejas, como cuando existe violencia intrafamiliar, el tribunal puede determinar medidas protectoras y cautelares para resguardar a la víctima y al niño, niña o adolescente, como prohibición de acercamiento u otras medidas de protección según la gravedad del caso. En contextos de alta conflictividad, también puede solicitarse la intervención de un curador ad litem (cuando se requiere una representación especial para resguardar el interés de un niño, niña o adolescente en casos puntuales) o medidas vinculadas a curaduría cuando están en juego derechos de una persona vulnerable (esto se analiza caso a caso y no es automático).

Además de definir quién tendrá el cuidado personal, el tribunal puede intervenir en temas como patria potestad y suspensión patria potestad (materias excepcionales que requieren fundamento serio y prueba, y que no siempre se discuten en todo conflicto parental). También es frecuente que, paralelamente, existan procesos asociados a ruptura matrimonial, divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral o divorcio culposo; sin embargo, es importante saber que las materias de hijos (cuidado personal y relación con el progenitor no conviviente) pueden regularse aunque no exista divorcio, porque el foco es proteger al niño, niña o adolescente.

Contar con abogados expertos en familia, abogados de casos de familia o abogados de familia reconocidos permite asegurar una estrategia legal sólida, especialmente cuando existen diferencias sobre lo que es mejor para el menor de edad. Si buscas asesoría, una consulta de abogado de familia puede ayudarte a entender tus derechos y las posibilidades reales en cada caso (qué prueba sirve, qué criterios mira el tribunal, y qué medidas se pueden pedir si hay riesgo o incumplimientos).

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más delicados que atienden los abogados de familia, ya que afecta directamente la seguridad física y psicológica de víctimas y menores de edad. Cuando una persona enfrenta esta situación, lo primero es obtener apoyo legal inmediato de un abogado intrafamiliar o un abogado de violencia doméstica, quienes pueden iniciar acciones urgentes como una orden de protección, una prohibición de acercamiento y la solicitud de medidas cautelares en materia de familia. (En Chile, lo urgente es pedir medidas de resguardo para cortar el riesgo: por ejemplo, prohibición de acercamiento, salida del agresor del hogar u otras medidas de protección, según el caso y el nivel de peligro.

Muchas víctimas no saben cómo actuar y buscan información como “denuncia VIF”, “abogados de casos familiares” o “abogados de casos de familia”, tratando de encontrar una solución rápida. Un equipo de abogados de familia reconocidos puede acompañar todo el proceso, desde la denuncia hasta las medidas judiciales de resguardo. (Importante: la “denuncia VIF” puede hacerse en diversas vías y lo relevante es activar protección y dejar registro, especialmente si hay amenazas, lesiones o riesgo para niños, niñas y adolescentes.

En casos donde hay menores de edad involucrados, pueden presentarse acciones sobre cuidado personal, régimen comunicacional, autorización para salir del país, o designación de curador ad ítem si existen riesgos. (Precisión Chile: “régimen comunicacional” se usa mucho en lenguaje común, pero jurídicamente hablamos de “relación directa y regular”; y el curador/representación especial suele evaluarse cuando el tribunal estima necesario resguardar el interés del niño/a, especialmente si hay conflicto de intereses o riesgo.

También es frecuente que la violencia tenga relación con conflictos económicos, como una demanda por no pago de pensión, cumplimiento de alimentos, o procesos de pensión alimenticia. (Aclaración clave: en materia de alimentos, lo típico no es “otra demanda” por el no pago, sino gestiones de cumplimiento/cobro y solicitud de medidas por incumplimiento; lo importante es activar el pago efectivo y evitar que la deuda siga creciendo.

Si la víctima atraviesa un proceso de separación, puede requerir un divorcio unilateral o un divorcio culposo por violencia intrafamiliar, donde los antecedentes de agresión influyen directamente en el juicio. De ser necesario, también se puede solicitar compensación económica y otras medidas que garanticen estabilidad financiera. La compensación económica no es automática; debe pedirse y probarse dentro del juicio de divorcio cuando, por dedicación al hogar y/o hijos, uno de los cónyuges quedó en desmedro económico por el matrimonio y su término.

En todos estos casos, busca siempre apoyo profesional. La ley contempla herramientas concretas para proteger tu integridad y la de tu familia, y un abogado especialista en derecho de familia te ayudará a utilizarlas de manera efectiva.

El proceso de ruptura matrimonial puede convertirse en una experiencia compleja emocional y legalmente, por lo que contar con un abogado de familia o un abogado experto en familia facilita la toma de decisiones informadas. Existen distintos tipos de divorcio: divorcio de mutuo acuerdo, divorcio unilateral por cese de convivencia y divorcio culposo. Cada uno tiene requisitos específicos y consecuencias legales, por lo que es importante elegir la vía adecuada. (En Chile: el divorcio de mutuo acuerdo exige acreditar al menos 1 año de cese de convivencia; el divorcio unilateral exige al menos 3 años de cese de convivencia; y el divorcio culposo no depende de plazos, sino de acreditar una causal grave con prueba suficiente).

El divorcio culposo aplica cuando uno de los cónyuges incurre en conductas graves como infidelidad, abandono o violencia intrafamiliar. En estos casos, un abogado de violencia intrafamiliar puede intervenir y presentar pruebas para acreditar las causales de divorcio culposo. En Chile se debe acreditar un incumplimiento grave de los deberes matrimoniales o conductas que hagan intolerable la vida en común; por eso la prueba —testigos, documentos, causas VIF, etc.— y la estrategia jurídica son determinantes.

Cuando la ruptura genera desequilibrio económico, también es posible solicitar compensación económica por divorcio, si uno de los cónyuges se dedicó mayormente al cuidado de los hijos y del hogar en común. La compensación económica procede cuando, por dedicación al hogar y/o a los hijos, uno de los cónyuges no pudo desarrollar actividad remunerada o lo hizo en menor medida, quedando en desmedro económico a causa del matrimonio y su término; debe pedirse y probarse dentro del juicio de divorcio.

Además del divorcio, suelen tramitarse temas como liquidación de bienes, liquidación sociedad conyugal, declaración de bien familiar, patria potestad, suspensión patria potestad, acuerdos de régimen comunicacional y determinación del cuidado personal del hijo o hija menor de edad. El término legal para “régimen comunicacional” es “relación directa y regular”; y no todos estos asuntos se discuten automáticamente en todo divorcio: depende del régimen patrimonial, de si hay hijos, y de si existen conflictos específicos.

En situaciones más complejas se puede requerir un curador ad ítem cuando existen personas incapaces de ejercer plenamente sus derechos. (En materia de familia, es habitual que el tribunal nombre representación especial/curador para resguardar intereses de niños, niñas y adolescentes cuando exista conflicto de intereses o necesidad de protección adicional; no es un trámite estándar, se evalúa caso a caso.

Muchos usuarios buscan en internet “busco abogado de familia”, “consulta abogado de familia”, o “necesito un abogado de familia” para resolver dudas. Contar con profesionales calificados permite enfrentar de manera más clara procesos como la mediación de conflictos familiares, la mediación familiar, la coordinación de mediaciones y la solicitud de medidas cautelares en familia, especialmente en casos donde existan riesgos. En Chile, la mediación familiar suele ser obligatoria en materias como alimentos, relación directa y regular y cuidado personal; el divorcio se tramita judicialmente, y lo que suele acordarse o regularse previamente son materias relativas a los hijos cuando corresponde.

Un abogado experto en familia asegura que el divorcio sea manejado con respeto, equilibrio y protección para todas las partes involucradas, especialmente cuando hay hijos menores de edad.

La pensión alimenticia es uno de los temas más consultados en el juicio de familia, especialmente cuando los padres necesitan claridad sobre cómo calcular la pensión de alimentos, cuánto es el porcentaje de pensión alimenticia o si corresponde solicitar un aumento de alimentos, rebaja de alimentos o el cese de la pensión alimenticia. Para responder a estas dudas, el apoyo de un abogado especialista en derecho de familia o un abogado de pensión de alimentos es fundamental para asegurar que lo resuelto sea acorde a la ley y al interés superior del niño, niña o adolescente.

Muchas personas buscan en internet “A cuánto está la pensión de alimentos”, “cómo saber cuánto debo de pensión de alimentos” o “calculadoras de pensión de alimentos”. Aunque estas herramientas pueden servir como referencia, lo correcto es realizar un cálculo de pensión de alimentos con respaldo profesional, porque el tribunal no aplica una “tabla única” ni un porcentaje fijo: evalúa necesidades del alimentario (salud, educación, vivienda, alimentación, actividades) y capacidad económica real del alimentante. Además, la ley contempla mínimos legales cuando se trata de niños, niñas y adolescentes: 40% del ingreso mínimo para un hijo y 30% por cada hijo si son dos o más, salvo que el alimentante acredite falta de medios.

Un abogado familiar también puede representar en una demanda de alimentos, en una demanda de cuidado personal, o en gestiones de cumplimiento por no pago de pensión cuando existen atrasos. En caso de incumplimiento, el tribunal puede decretar apremios por deuda de alimentos (por ejemplo, retenciones y otras medidas de presión legales), buscando asegurar el pago efectivo y oportuno.

Existen casos en que es posible solicitar el cese de alimentos, pero esto no opera “automáticamente”: debe pedirse y acreditarse ante el tribunal. En Chile, como regla general, los hijos tienen derecho a alimentos hasta los 21 años; si están estudiando una profesión u oficio, el derecho puede extenderse hasta los 28 años; y también puede mantenerse si existe incapacidad que impida subsistir por sí mismos, o si el juez lo estima indispensable según el caso. En ese contexto, puede solicitarse el cese de alimentos con deuda previa mediación familiar, pero ello no elimina las pensiones ya devengadas: la deuda se mantiene y puede cobrarse por las vías de cumplimiento.

También puede ser necesario un abogado para juicio de alimentos cuando existen conflictos severos, especialmente si se requiere regular régimen comunicacional, cuidado personal unilateral, cuidado personal compartido o revisar situaciones de riesgo asociadas a violencia intrafamiliar y solicitar una orden de protección cuando corresponda.

Si necesitas orientación, la opción más segura es contactar abogados de familia reconocidos, que garanticen acompañamiento legal completo y claridad en los trámites vinculados a alimentos, modificaciones y cumplimiento.

Ciberseguridad en Chile 2025: claves legales, riesgos y estrategias para empresas

En 2024, las redes informáticas chilenas registraron 27.600 millones de intentos de ciberataque, lo que representa un incremento del 360 % respecto al año anterior. Este ritmo equivale a 76 ataques por segundo, impulsados por el uso masivo de bots automatizados e inteligencia artificial ofensiva. En abril de 2025, el CSIRT Nacional emitió la alerta CND25‑00134 tras la irrupción del ransomware VanHelsing, un software malicioso que cifra los archivos de las víctimas y exige rescate en criptomonedas para su liberación. Paralelamente, continuaban las campañas masivas de phishing y smishing (fraude por correo y SMS), afectando a miles de usuarios en el país.