Cohecho y Soborno en Chile: Qué Son, Qué Penas Tienen y Cómo Defenderse

Dato clave: El cohecho y el soborno son delitos relacionados, pero autónomos. El cohecho sanciona al funcionario público que solicita o acepta un beneficio al que no tiene derecho —en ciertos casos, incluso por el solo hecho de su cargo—. El soborno sanciona al particular que da, ofrece o consiente en dar ese beneficio. No hace falta que las dos partes lleguen a un acuerdo: una oferta rechazada puede ser soborno, y una solicitud no aceptada puede ser cohecho. Las penas pueden incluir cárcel, multas e inhabilitaciones.

¿Lo citaron a declarar por un pago, una "comisión" o una gestión con un organismo público? ¿Su empresa recibió un requerimiento por una contratación con el Estado? Estos casos se definen muy temprano: lo que se diga y se haga en los primeros movimientos pesa en todo el resto.

Contenido de esta página

1. Qué son el cohecho y el soborno

El Código Penal reúne bajo el nombre de cohecho distintas conductas de un funcionario público que solicita o acepta un beneficio —económico o de otro tipo, para él o para un tercero— al que no tiene derecho. Ese beneficio puede pedirse o aceptarse simplemente en razón del cargo, por realizar un acto propio de su función, por omitir un deber, por actuar infringiendo sus obligaciones, por influir sobre otro funcionario, o para cometer un delito.

Se llama soborno (o cohecho activo) —artículo 250— a la conducta del particular que da, ofrece o consiente en dar a un funcionario público ese beneficio, para sí o para un tercero, en alguno de los casos que prevé la ley. Cuando esa conducta ocurre en el marco de una organización, la empresa puede responder por separado si concurren los requisitos de la Ley 20.393.

No es necesario que el beneficio sea dinero ni que llegue a entregarse. Puede tratarse de bienes, viajes, contratos, servicios u otras ventajas. Según el caso, basta con solicitar, aceptar, ofrecer, dar o consentir en dar el beneficio para que el delito quede consumado.

2. Conductas autónomas: quién solicita y quién ofrece

Por eso la responsabilidad de cada interviniente se examina de manera independiente. Para saber si hubo delito hay que determinar qué se solicitó u ofreció, qué relación tenía ese beneficio con el cargo, qué actuación se buscaba y qué sabía y quería la persona investigada.

Esto también significa que una frase ambigua o una gestión irregular no son, por sí solas, cohecho o soborno. Su verdadero sentido debe acreditarse a partir del contexto y de los antecedentes disponibles, y ahí es donde una defensa temprana y ordenada marca la diferencia.

3. Tipos de cohecho según la gravedad

La ley no trata igual todos los casos: la pena sube según lo que el funcionario hace o promete a cambio del beneficio. Hay cuatro escenarios:

La persona que soborna responde por su parte con las multas e inhabilitaciones que corresponden a la actuación que buscaba, pero con penas de cárcel propias, que varían según el escenario y según el beneficio se haya dado u ofrecido o solo se haya consentido en darlo. Por eso su pena no puede fijarse sin identificar antes con cuál de los artículos 248, 248 bis o 249 se relaciona su conducta.

4. Corrupción entre particulares o soborno privado

La ley también castiga la corrupción entre particulares, conocida en términos generales como soborno privado. No apunta a cualquier pago irregular dentro de una empresa: sanciona al director, administrador, mandatario o empleado que solicita o acepta un beneficio —y también a quien se lo ofrece o entrega— para favorecer a un oferente o proveedor por sobre otro en una contratación. Es decir, pagar una "coima" para ganar un contrato privado también es delito, aunque no haya ningún organismo del Estado de por medio. Cuando quien decide la contratación sí es un funcionario y además tiene un interés propio en el negocio, el delito que se investiga suele ser otro: la negociación incompatible.

Esto es especialmente relevante en el mundo de las compras, las licitaciones privadas y las relaciones con proveedores, donde una gestión mal encaminada puede terminar en una investigación penal para la empresa y para las personas involucradas.

5. Cohecho a funcionarios extranjeros

La ley chilena también sanciona el soborno a un funcionario público extranjero en el marco de negocios o transacciones internacionales. Este delito nació de los compromisos que Chile asumió contra la corrupción transnacional, y afecta sobre todo a las empresas que operan o compiten fuera del país. Ofrecer, prometer, dar o consentir en dar un beneficio indebido a un funcionario público extranjero —en los términos que define la ley, que incluyen incluso a ciertos agentes de organizaciones públicas internacionales— para obtener o mantener un negocio puede generar responsabilidad penal en Chile, tanto para las personas como para la empresa.

6. La responsabilidad penal de las empresas

En Chile las empresas pueden responder penalmente por cohecho, soborno, corrupción entre particulares y otros delitos que contempla la Ley 20.393. Esa responsabilidad de la empresa es distinta e independiente de la de las personas que intervinieron en el hecho.

Conviene aclarar el criterio vigente, porque cambió con la reforma reciente. Hoy la empresa puede responder cuando el delito se comete en el marco de su actividad, por alguien que ocupa un cargo, función o posición dentro de ella —o que le presta servicios gestionando sus asuntos ante terceros—, y cuando esa comisión se vio favorecida o facilitada por no tener implementado, de manera efectiva, un modelo adecuado de prevención de delitos. En cambio, la empresa no responde por este régimen cuando el delito se comete exclusivamente en su contra.

Ese modelo de prevención de delitos —lo que suele llamarse "compliance"—, cuando está efectivamente implementado y es adecuado al giro, tamaño, complejidad y riesgos de la organización, puede incluso eximir de responsabilidad. Un modelo serio contempla la identificación de las actividades de riesgo, protocolos de prevención y detección, canales seguros de denuncia, responsables con independencia y recursos, y evaluaciones periódicas por terceros. Puede revisar también nuestra página sobre delitos cometidos por funcionarios públicos.

Las penas que puede enfrentar la empresa incluyen multa, inhabilitación para contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos, supervisión judicial, comiso y la publicación de la sentencia; en los casos más graves, la ley contempla la extinción de la persona jurídica. Asesorar en el diseño de estos modelos y defender a la empresa cuando ya hay una investigación son dos caras del mismo trabajo, y en ambas actúa nuestro equipo de asesoría legal a empresas.

7. Penas del cohecho y del soborno

Las penas dependen de la conducta que se buscaba, de si el beneficio fue solicitado, aceptado, ofrecido, dado o consentido, de si era económico o no, y de las reglas especiales que puedan concurrir. Estos son los marcos que fija el Código Penal.

Penas del funcionario público

Penas de quien soborna (art. 250)

Al particular se le aplican las mismas multas e inhabilitaciones previstas para la conducta del funcionario, pero la pena de cárcel se distingue según si dio u ofreció el beneficio, o solo consintió en darlo:

Otras figuras

— Corrupción entre particulares (art. 287 bis): reclusión menor en grado medio y multa de una a dos veces el beneficio (o 50 a 500 UTM). Quien ofrece o da el beneficio (art. 287 ter) arriesga reclusión menor en grado medio —o en grado mínimo si solo consiente—, además de esas multas.

— Funcionario público extranjero (art. 251 bis): reclusión menor máximo a reclusión mayor mínimo, multa de dos a cuatro veces el beneficio (o 100 a 1.000 UTM) e inhabilitación absoluta temporal en grado máximo.

— Inhabilitación adicional (art. 251 quáter): para los delitos de cohecho y soborno que comprende —tanto los internos como el cohecho a funcionarios extranjeros—, la ley agrega una inhabilitación absoluta, perpetua o temporal, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado, o con empresas o asociaciones en que este tenga participación mayoritaria; en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado; o en aquellas cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública.

— Reglas especiales: los bienes que reciba el funcionario caen siempre en comiso —una consecuencia que también aparece cuando el dinero se intenta reingresar al circuito formal, como explicamos en lavado de activos—; y la ley da un tratamiento excepcional —limitado a la multa— a ciertos parientes que sobornan para favorecer al imputado en una causa criminal.

La reforma de 2018 (Ley 21.121) elevó de manera importante estas penas. Además, el Estatuto de Delitos Económicos (Ley 21.595) estableció un régimen especial para calcular las penas, las multas, las inhabilitaciones y el acceso a las penas sustitutivas de la Ley 18.216 cuando el hecho se califica como delito económico —el mismo régimen que ordena el resto de los delitos económicos—. Esa calificación no opera igual en todos los casos: el cohecho a funcionario extranjero y la corrupción entre particulares son delitos económicos en toda circunstancia; el soborno del artículo 250 lo es cuando se comete en un contexto de empresa o en su beneficio; y el cohecho de los artículos 248, 248 bis y 249 lo es cuando interviene una persona vinculada a una empresa o el hecho se comete en beneficio de esta. Por eso la pena concreta de un caso debe determinarse con cuidado.

8. Cómo trabajamos su caso

Etapa 1 — Evaluación reservada. Revisamos los antecedentes —la citación, la denuncia, los correos, los pagos o contratos cuestionados— y le explicamos con franqueza en qué situación está y cuáles son los escenarios posibles.

Etapa 2 — Estrategia de defensa. Definimos la línea de defensa según el rol que se le atribuye y la etapa de la investigación, cuidando cada declaración y cada gestión desde el primer momento.

Etapa 3 — Representación ante la Fiscalía y los tribunales. Lo representamos durante toda la investigación y, si el caso llega a juicio, en todas sus etapas. Cuando los antecedentes lo permiten, evaluamos con usted las salidas alternativas al juicio.

Etapa 4 — Prevención (para empresas). Cuando corresponde, ayudamos a diseñar o reforzar el modelo de prevención de delitos, para reducir el riesgo hacia adelante.

9. Honorarios

Los honorarios dependen de la complejidad del caso, de la etapa en que se encuentre la investigación y de si se trata de la defensa de una persona, de una empresa o de una asesoría de prevención. Los informamos con claridad en la evaluación inicial, por escrito y antes de iniciar cualquier gestión. Para revisar su caso con reserva, contáctenos al +56 2 3267 1946.

10. Preguntas frecuentes