Abogado Penalista en Tráfico y Microtráfico de Drogas en Chile

¿Lo detuvieron a usted o a un familiar cercano por droga? ¿La fiscalía formalizó por tráfico cuando la cantidad encontrada era ínfima? ¿Le encontraron sustancia en el auto o el domicilio y no entiende cómo llegó ahí? Sentir miedo y desorientación en este momento es completamente normal. Lo que viene a continuación —el control de detención, la formalización, la posible prisión preventiva— se decide en cuestión de horas, y cada decisión queda registrada en el expediente.

En Schneider Abogados, nuestro Departamento Penal asume defensas en causas de la Ley 20.000 desde el primer control de detención hasta el juicio oral. Discutimos la calificación jurídica, controlamos la legalidad del registro y la cadena de custodia, examinamos el protocolo de análisis químico de la sustancia (art. 43) y, cuando corresponde, articulamos cooperación eficaz o salidas alternativas. Atendemos en Santiago y en todo Chile.

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El tráfico ilícito de estupefacientes es uno de los delitos especiales más complejos del derecho penal chileno: regulado fuera del Código Penal por la Ley 20.000, combina figuras de peligro abstracto, presunciones específicas y un régimen probatorio propio que exige defensa especializada desde la detención.

1. Tráfico y microtráfico: en qué se diferencian

El tráfico es la figura central de la Ley 20.000. Sanciona a quien, sin autorización, comercia con sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y también a quien las transporta, posee, guarda o porta con destino de comercio. El microtráfico, en cambio, castiga las mismas conductas pero respecto de cantidades pequeñas, dejando a salvo el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.

La ley no fija una cifra exacta de gramos para uno u otro tipo. Los tribunales analizan caso a caso, considerando la cantidad, el fraccionamiento (papelillos, bolsitas, dosis listas), el dinero en efectivo en denominaciones bajas, la presencia de balanzas o libretas de cuentas, los mensajes en el teléfono y el contexto del hallazgo. Esta indefinición es, paradójicamente, una de las principales puertas de la defensa: lo que la fiscalía formaliza como tráfico puede recalificarse a microtráfico, y lo que se imputa como microtráfico puede defenderse como consumo personal cuando se acredita debidamente.

La diferencia no es académica. Pasar de tráfico a microtráfico significa, en términos prácticos, dejar atrás un rango penal que arranca en cinco años y un día —donde la prisión preventiva es frecuente, aunque nunca automática, y las penas sustitutivas quedan normalmente fuera de alcance— para entrar en otro donde la ley admite penas sustitutivas: en el microtráfico la remisión condicional está expresamente excluida (art. 4, inciso final, Ley 18.216), pero proceden la reclusión parcial (pena hasta 3 años), la libertad vigilada (pena superior a 540 días y hasta 3 años, art. 15 letra b) y la libertad vigilada intensiva (pena superior a 3 años y hasta 5), siempre que el imputado no tenga condenas anteriores.

2. Verbos rectores y conductas sancionadas

La Ley 20.000 utiliza una técnica legislativa amplia: enumera múltiples conductas que configuran el tipo penal. Importar y exportar atrapan los casos de tráfico transfronterizo; transportar abarca al pasajero que lleva droga en su mochila, al conductor que la traslada en su vehículo o al transportista que la mueve dentro del país; adquirir y transferir comprenden la compraventa entre eslabones de la cadena; poseer, guardar y portar atrapan al que mantiene la droga aunque no la haya entregado todavía. Suministrar incluye el simple acto de pasar la sustancia, incluso sin pago.

Este abanico explica por qué la fiscalía formaliza por tráfico en escenarios muy distintos: desde el detenido en un control vehicular con varios envoltorios listos para venta hasta el pasajero que cruza un peaje con una mochila ajena cuyo contenido dice ignorar. En todos esos casos la calificación se construye a partir de los indicios disponibles, y allí es donde el trabajo del defensor cobra su mayor valor.

Distinción frente al consumo personal

El propio artículo 4 deja a salvo el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, y el artículo 50 trata el porte o consumo en lugares públicos como una falta penal —no un crimen ni simple delito— sancionada con multa de 1 a 10 UTM, asistencia a programas de prevención o a tratamiento, o participación en actividades en beneficio de la comunidad, con la suspensión de la licencia de conducir como pena accesoria en su caso. La diferencia entre uno y otro régimen es enorme: estar fuera del Código Penal o dentro de él, conservar antecedentes limpios o no, evitar prisión preventiva o sufrirla. Acreditar consumo personal exige más que una afirmación: idealmente, examen toxicológico, informe SENDA, historia clínica y coherencia con la cantidad incautada.

3. Tabla de penas de la Ley 20.000

La siguiente tabla resume las penas privativas de libertad y las multas asociadas a las principales figuras de la Ley 20.000. Las cantidades de años están expresadas según el sistema chileno de grados de presidio.

Nota: las penas pueden aumentar en un grado por agravantes del artículo 19 (lugares específicos, agrupación, uso de armas, suministro a menores, entre otros). Además, la Ley 21.817 (D.O. 23 de mayo de 2026) agregó un inciso final al artículo 4: cuando las pequeñas cantidades correspondan a sustancias que determine el reglamento como capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, se aplica la pena del artículo 1, es decir, la del tráfico. Conviene leer esa regla con cuidado: su artículo transitorio encargó al Ministerio de Seguridad Pública modificar el decreto N° 867, de 2007, dentro de seis meses desde la publicación —esto es, hasta el 23 de noviembre de 2026— para incorporar esa nueva calificación de sustancias. Mientras esa modificación no se dicte, no hay sustancias calificadas conforme al nuevo inciso, de modo que su aplicación concreta es hoy materia de discusión en cada causa.

4. Agravantes y figuras especiales

La Ley 20.000 contiene un catálogo de agravantes que, cuando concurren, elevan la pena en un grado. Las más relevantes son: cometer el delito formando parte de una agrupación o asociación; usar violencia, armas o engaño; suministrar a menores de edad o a personas en tratamiento; mezclar la sustancia con otras nocivas; aprovechar el cargo público; ejecutar la conducta en establecimientos educacionales, recintos deportivos, lugares de detención, recintos militares o policiales, hospitales y otras locaciones sensibles.

A este catálogo se suman las figuras especiales: la asociación ilícita orientada al tráfico, el delito cometido por funcionario público y la utilización de menores para perpetrarlo, que tienen reglas particulares. La Ley 21.577 (2023) sobre crimen organizado amplió las técnicas especiales de investigación —agente encubierto, entrega vigilada, interceptación de comunicaciones, levantamiento del secreto bancario— para perseguir tráfico vinculado a organizaciones criminales.

Una agravante muy habitual es la concurrencia de porte y tenencia ilegal de armas: cuando el imputado es formalizado simultáneamente por la Ley 20.000 y la Ley 17.798, la defensa debe articularse para evitar imputaciones acumulativas y maximizar las salidas alternativas.

5. Qué hacer si lo detienen por droga

Si usted o un familiar acaba de ser detenido por un delito de la Ley 20.000, asuma que cada palabra, cada gesto y cada firma quedarán registrados. El parte policial es el primer documento del expediente y los jueces le otorgan considerable peso. Estas son las decisiones que recomendamos en las primeras horas.

1. Ejerza el derecho a guardar silencio

El Código Procesal Penal reconoce expresamente el derecho a no declarar y a no autoincriminarse. Su silencio no puede ser usado en su contra. "Explicar lo que pasó" sin defensor es el error más caro que cometen los detenidos: las inconsistencias entre una primera versión y la que dará luego ante el fiscal alimentan la teoría de cargo.

2. Exija defensor antes de cualquier diligencia

Tiene derecho a un abogado desde el primer momento. Si no cuenta con uno particular, la Defensoría Penal Pública debe asignarle uno. Si ya nos contactó, podemos asistir al control de detención dentro de las 24 horas que la ley establece como plazo máximo.

3. No firme declaraciones sin haberlas leído con su defensor

Las actas, declaraciones y constancias deben ser revisadas. Firmar un documento que reconoce, por ejemplo, "haber colaborado entregando la sustancia" puede equivaler a una confesión.

4. No autorice voluntariamente registros

La entrada y el registro del domicilio exigen orden judicial, consentimiento expreso del propietario o encargado, o alguna de las situaciones excepcionales del art. 206 del Código Procesal Penal; en cambio, durante un control de identidad practicado conforme al art. 85, la policía puede registrar vestimentas, equipaje y vehículo sin nueva orden. Autorizar voluntariamente lo que la ley no le obliga a permitir priva a la defensa de uno de sus argumentos más poderosos: la ilicitud probatoria.

5. No desbloquee el celular ni entregue contraseñas

Los mensajes en aplicaciones de mensajería son la prueba reina en las causas de tráfico actuales. Entregar el teléfono desbloqueado o la contraseña amplifica exponencialmente la prueba en su contra.

6. Llame a Schneider Abogados lo antes posible

El control de detención se realiza dentro de las 24 horas (ampliable hasta tres días por el juez a solicitud del fiscal, artículo 132 del Código Procesal Penal). Cuanto antes asuma la defensa un abogado preparado en Ley 20.000, mejores son las opciones de discutir la calificación, las medidas cautelares y la legalidad de la prueba.

Las primeras 24 horas son críticas: la audiencia de control de detención es la instancia donde se discute la legalidad del procedimiento policial, el flagrante delito y la procedencia de la prisión preventiva.

6. El procedimiento penal paso a paso

1. Detención. Lo habitual en estas causas es la detención flagrante: control vehicular, denuncia, vigilancia, agente revelador o entrega vigilada. La policía debe leer los derechos, levantar acta de incautación y custodiar la sustancia.

2. Control de detención. Dentro de 24 horas el detenido es puesto a disposición del Juzgado de Garantía. El juez verifica la legalidad del procedimiento. Una detención mal practicada puede declararse ilegal y abrir camino a que la defensa solicite más tarde, en la audiencia de preparación del juicio oral, la exclusión de la prueba obtenida con inobservancia de garantías (art. 276).

3. Formalización. El fiscal comunica formalmente los cargos. Aquí se discuten las medidas cautelares. En causas por tráfico (art. 3) la prisión preventiva es muy frecuente en las formalizaciones por tráfico, según los anuarios estadísticos de la Defensoría Penal Pública.

4. Investigación. Se desarrolla durante un máximo de dos años desde la formalización. Es el período para discutir calificación, recolectar prueba propia, contradecir peritajes y preparar la defensa.

5. Salidas alternativas. En microtráfico sin reincidencia puede caber suspensión condicional del procedimiento o procedimiento abreviado, con pena rebajada.

6. Cierre y acusación. Concluida la investigación, el fiscal cierra y acusa. Se desarrolla la audiencia de preparación de juicio oral, donde se debate la prueba que ingresará.

7. Juicio oral o abreviado. El juicio oral, ante tribunal colegiado, es el escenario donde la defensa expone su teoría del caso. El procedimiento abreviado exige aceptar expresamente los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación (arts. 406 y siguientes); a cambio, el tribunal no puede imponer una pena superior a la solicitada por el fiscal.

La audiencia de formalización marca el inicio formal del proceso y la oportunidad para discutir cautelares, pruebas anticipadas y el plazo de investigación: una defensa preparada anticipa allí las salidas alternativas viables.

7. Líneas de defensa más eficaces

Recalificación de tráfico a microtráfico. Cuando la cantidad incautada es pequeña, no hay fraccionamiento, no se halló balanza ni libreta y los mensajes del teléfono no acreditan venta, puede sostenerse que la conducta se ajusta al artículo 4 y no al 3. La "pequeña cantidad" no tiene umbral legal y se evalúa caso a caso.

Recalificación a consumo personal. El artículo 4, in fine, deja a salvo la sustancia destinada al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Acreditarlo exige examen toxicológico, informe de SENDA o de profesional tratante, historia clínica, coherencia con la cantidad y, sobre todo, ausencia de elementos de comercialización.

Composición y peligrosidad de la sustancia. El protocolo de análisis químico que el art. 43 de la Ley 20.000 obliga a remitir al Ministerio Público debe identificar el producto y señalar su peso o cantidad, su naturaleza, contenido y composición, junto a un informe de los componentes tóxicos y sicoactivos, los efectos que produce y su peligrosidad para la salud pública (texto de la Ley 21.817). Una concentración muy baja del principio activo puede alimentar la discusión sobre la calificación o la antijuridicidad material de la conducta, pero no produce por sí sola la recalificación ni la atipicidad.

Ilicitud probatoria. El artículo 276 del Código Procesal Penal permite excluir la prueba obtenida con inobservancia de garantías. Controles sin indicio fundado, registros practicados fuera de los casos que la ley autoriza o la vulneración del derecho a guardar silencio son escenarios en los que la defensa puede pedir la exclusión. Los defectos de la cadena de custodia, en cambio, comprometen la autenticidad, la integridad y el valor probatorio de la evidencia (arts. 187, 188 y 297 del Código Procesal Penal), más que producir su exclusión automática por ilicitud.

Falta de dolo en el transporte. El llamado "transportista que ignora el contenido" es una hipótesis discutida pero viable cuando hay elementos objetivos —contradicciones del contratante, pago insignificante, ausencia de huellas del imputado en los paquetes— que permitan sostener desconocimiento.

Contradicción de peritajes. El defensor puede solicitar contrapericia, citar al perito a juicio y discutir su metodología.

8. Cooperación eficaz: cuándo y cómo

La cooperación eficaz nació como atenuante propia de la Ley 20.000 (antiguo art. 22, hoy derogado) y actualmente se rige por el estatuto general de los artículos 228 bis A y siguientes del Código Procesal Penal (Ley 21.694), expresamente aplicable a los delitos de esta ley, con un alcance muy superior al de las atenuantes comunes del Código Penal. Permite rebajar la pena en uno o dos grados mediante un acuerdo de cooperación con la fiscalía (art. 228 ter); si el tribunal reconoce la cooperación sin acuerdo, la rebaja es de un grado (art. 228 septies), y la cooperación eficaz calificada —que exige acuerdo autorizado por el Fiscal Regional— admite hasta tres grados o el sobreseimiento definitivo (art. 228 quáter). En términos prácticos, puede transformar una sanción de presidio mayor en una de presidio menor —con todo lo que eso implica en penas sustitutivas, lugar de cumplimiento y régimen carcelario—.

No basta con declarar: la cooperación debe ser precisa (identifica nombres, lugares, hechos), verídica (lo aportado se confirma) y comprobable (las pesquisas que abre conducen a resultados). La decisión de cooperar requiere análisis jurídico cuidadoso: implica exposición personal y familiar, y debe negociarse con la fiscalía en un acuerdo de cooperación que fije las condiciones de la información, las obligaciones de ambas partes y las medidas de protección, cuyo cumplimiento puede exigirse al tribunal (arts. 228 ter y 228 sexies).

En figuras de menor entidad —particularmente microtráfico sin agravantes y con imputado primerizo— se evalúan las salidas alternativas al juicio oral: en la práctica, la suspensión condicional del procedimiento (art. 237 CPP), pues los acuerdos reparatorios quedan ordinariamente descartados en estos delitos, porque el bien jurídico protegido —la salud pública— no corresponde a las hipótesis del art. 241.

9. Penas sustitutivas y reincidencia

La Ley 18.216 permite cumplir una condena privativa de libertad fuera de la cárcel mediante seis penas sustitutivas, cada una con su propio tramo de pena y sus requisitos. Los topes, las exclusiones del artículo 1° y el régimen de incumplimiento se explican en detalle en penas sustitutivas de la Ley 18.216.

10. Errores que cuestan caro al imputado

Error 1: declarar sin defensor presente

"Quería explicar mi situación" es la frase más repetida en causas que terminan mal. La declaración policial sin defensor casi siempre se traduce en una versión imprecisa, parcial o autoincriminatoria que luego pesa en todo el proceso.

Error 2: desbloquear el celular

Mensajes, listas de contactos, transferencias bancarias y fotos terminan siendo prueba directa de comercialización. Usted no está obligado a autoincriminarse y puede negarse a facilitar la contraseña; el acceso lícito al contenido exige autorización judicial (arts. 217, 218 y 222 del Código Procesal Penal), consentimiento válido u otra habilitación legal.

Error 3: autorizar registros

"Pase no más, no tengo nada que esconder" cierra la puerta a alegar ilicitud probatoria. El registro del domicilio exige orden judicial, consentimiento o una hipótesis excepcional (arts. 205 y 206 del Código Procesal Penal): si el ingreso fue ilegal, lo encontrado puede excluirse. Distinto es el registro de vestimentas, equipaje o vehículo durante un control de identidad ajustado al art. 85, que la ley permite sin nueva orden.

Error 4: asumir responsabilidad por terceros

Asumir la propiedad de droga ajena para "proteger" a la pareja, al hijo o al amigo termina, en general, perjudicando a ambos: el imputado original cae con una pena que no le corresponde y el verdadero responsable queda formalmente fuera, pero suele aparecer en el proceso a través de otros indicios.

Error 5: cambiar la versión entre la policía y el fiscal

Las inconsistencias entre la versión inicial y la siguiente son uno de los argumentos más usados por la fiscalía. La regla práctica es callar hasta tener defensor y, una vez con defensor, hablar siempre lo mismo.

11. Por qué elegir a Schneider Abogados

Experiencia específica en Ley 20.000. El penal sustantivo y procesal de drogas tiene reglas propias y una práctica forense intensa. Nuestro Departamento Penal trabaja causas de tráfico y microtráfico de forma habitual, lo que nos permite anticipar la teoría del fiscal y diseñar la defensa desde el primer minuto.

Defensa probatoria rigurosa. Revisamos cadena de custodia, peritajes del ISP, partes policiales, actas de incautación, vídeos de cámaras corporales y mensajes extraídos del teléfono. Identificar un quiebre procesal puede excluir prueba y, con ello, cambiar el resultado.

Discusión de calificación jurídica. Mover la causa de tráfico a microtráfico es uno de los ejes más importantes. Lo trabajamos con prueba positiva del imputado y discusión técnica del informe pericial.

Negociación con la fiscalía. Cuando la prueba es robusta, evaluamos suspensión condicional, abreviado y, si corresponde, cooperación eficaz. Le explicamos con claridad qué implica cada salida y le acompañamos en la decisión.

Acompañamiento a la familia. Sabemos que la causa no afecta sólo al imputado. Mantenemos a la familia informada con honestidad, sin generar expectativas que la realidad no permita.

12. Qué esperar de su primera consulta

En la primera reunión revisamos los antecedentes disponibles y le entregamos un panorama realista del caso.

Evaluación del expediente. Analizamos el parte policial, el acta de incautación, la formalización si ya se realizó y las medidas cautelares vigentes.

Diagnóstico jurídico. Le indicamos si la calificación es discutible, qué prueba puede excluirse, qué prueba conviene aportar y cuáles son las salidas disponibles.

Estrategia y presupuesto. Le explicamos los pasos siguientes con plazos estimados y le entregamos un presupuesto de honorarios por la defensa hasta juicio o abreviado.

Duración y modalidad. Aproximadamente 60 minutos. Puede realizarse presencialmente en el Edificio World Trade Center Santiago (Nueva Tajamar N° 481, Oficina 2102, Torre Norte, Las Condes) o por videollamada si usted o su familiar se encuentran en otra región o en privación de libertad.

El tráfico de drogas es una de las figuras que la ley agrupa bajo la protección de la salud colectiva. El resto de esas conductas, incluidas las farmacéuticas y sanitarias, están tratadas en delitos contra la salud pública.

13. Preguntas frecuentes sobre tráfico y microtráfico de drogas

¿Cuál es exactamente la diferencia entre tráfico y microtráfico?

El tráfico (Ley 20.000, artículo 3) tiene pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y 1 día a 15 años). El microtráfico (artículo 4) sanciona las mismas conductas pero respecto de pequeñas cantidades, con presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años). La distinción se decide caso a caso considerando cantidad, fraccionamiento, dinero, balanzas y mensajes.

¿Cuántos gramos marcan la frontera entre uno y otro?

La ley no fija un umbral en gramos. La jurisprudencia y el Ministerio Público manejan referencias orientativas, pero no son vinculantes. El análisis es siempre caso a caso, integrando cantidad, contexto, pureza y elementos asociados.

Me detuvieron con sustancia que era para mi consumo. ¿Puedo evitar la condena?

El consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo deja a salvo de la sanción penal de los artículos 3 y 4. Probarlo exige examen toxicológico, informe de SENDA o de profesional tratante, historia clínica y coherencia con la cantidad. No es automático, pero es una vía real cuando hay sustento médico.

¿Tendré prisión preventiva si me formalizan por tráfico?

En las formalizaciones por tráfico (art. 3) la prisión preventiva es frecuente, pero nunca automática: exige resolución judicial fundada y la concurrencia de los presupuestos de los arts. 139 y 140 del Código Procesal Penal. La defensa puede discutir su necesidad y proporcionalidad, y ofrecer cautelares alternativas como prohibición de salida, arresto domiciliario, retención de documentos o caución económica.

¿Sirve cooperar con la fiscalía?

Puede servir mucho cuando la cooperación es eficaz en los términos de los artículos 228 bis A y siguientes del Código Procesal Penal (Ley 21.694): precisa, verídica y comprobable. La rebaja es de uno o dos grados por acuerdo de cooperación, de un grado si el tribunal la reconoce sin acuerdo, y de hasta tres grados —o el sobreseimiento definitivo— en la cooperación calificada. Pero la decisión debe analizarse con su defensor: hay riesgos personales y familiares que requieren evaluación.

¿La policía puede revisarme el celular?

El acceso lícito al contenido del teléfono exige, por regla general, autorización judicial, consentimiento válido u otra habilitación legal (arts. 217, 218 y 222 del Código Procesal Penal). Usted no está obligado a autoincriminarse y puede negarse a facilitar la contraseña; si el acceso se produjo al margen de esas vías, la defensa puede solicitar la exclusión del material.

Encontraron droga en el auto que conducía, pero no era mía. ¿Cómo me defiendo?

La defensa explora ausencia de dolo: que usted ignoraba el contenido. Se acredita con elementos objetivos —titularidad del vehículo, contradicción del verdadero dueño, ausencia de huellas en los paquetes, mensajes del teléfono que no sugieren conocimiento—. Es una línea exigente, pero perfectamente viable cuando los hechos la respaldan.

¿Cuánto demora una causa por tráfico hasta el juicio?

El juez puede fijar un plazo inferior y ampliarlo, pero, transcurridos dos años desde la formalización, el fiscal debe cerrar la investigación (arts. 234 y 247 del Código Procesal Penal), sin computar los períodos de suspensión. En la práctica, entre la formalización y el juicio oral suelen transcurrir entre 12 y 24 meses, dependiendo de la complejidad y de las diligencias pendientes.

Si me condenan por microtráfico, ¿puedo evitar la cárcel?

La remisión condicional está excluida por ley para el microtráfico (art. 4, inciso final, Ley 18.216); pero, sin condenas previas, proceden la reclusión parcial (pena hasta 3 años), la libertad vigilada (pena superior a 540 días y hasta 3 años) o la libertad vigilada intensiva (pena superior a 3 años y hasta 5). No es automático: depende del informe presentencial y de la apreciación judicial.

¿Qué pasa si la droga incautada tenía muy baja pureza?

El protocolo de análisis del art. 43 de la Ley 20.000 (texto de la Ley 21.817) identifica la sustancia y señala su peso o cantidad, naturaleza, contenido y composición, con un informe de los componentes tóxicos y sicoactivos, sus efectos y su peligrosidad para la salud pública. Una concentración muy baja puede apoyar la discusión de recalificación o de antijuridicidad material, pero no la determina automáticamente.

¿Puede confiscarse mi auto o mi casa?

El artículo 45 de la Ley 20.000 contempla el comiso de instrumentos del delito (vehículos, balanzas, embalajes, celulares), de efectos (dinero, bienes producto) e incluso de inmuebles utilizados como centros de acopio. Tras la Ley 21.575 el régimen es severo: el comiso de los instrumentos especialmente aptos para el uso delictivo procede aun si hay absolución o sobreseimiento, y puede alcanzar al tercero de buena fe con título sobre la cosa, salvo que acredite no tener responsabilidad en su uso —caso en el cual puede pedir indemnización al responsable—; el origen lícito del bien no impide, por sí solo, el comiso del instrumento.

¿Atienden con urgencia un control de detención?

Sí. Si la detención se produjo en las últimas horas, contáctenos cuanto antes. El control de detención se realiza dentro de las 24 horas y la presencia de un defensor preparado en Ley 20.000 puede marcar diferencias significativas desde la primera audiencia.

Equipo legal revisor

15. Marco legal aplicable

La defensa penal en tráfico y microtráfico de drogas se rige principalmente por las siguientes normas. Todas ellas se pueden consultar gratuitamente en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

• Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (texto refundido, 2005).
• Ley 21.577 sobre crimen organizado y técnicas especiales de investigación aplicables a la Ley 20.000.
• Código Procesal Penal, en particular los artículos 91 (declaración del imputado), 131 (control de detención), 247 (plazo de investigación), 276 y 277 (exclusión de prueba ilícita).
• Ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las privativas de libertad.
• Código Penal, normas generales sobre reincidencia, atenuantes y agravantes.